La liberalización de los mercados eléctricos comenzó en la última década del siglo XX (liberalizacion-mercado-electrico-espanol) con algunos objetivos comunes entre los modelos propuestos en distintos países: mejorar la eficiencia económica de las actividades de las empresas eléctricas, eliminar la transferencia cruzada de subvenciones entre unas actividades y otras, reducir los precios finales del suministro eléctrico, financiar las nuevas inversiones en infraestructuras eléctricas...
Este proceso produjo la aparición de un número considerable de sistemas eléctricos en todo el mundo organizados en torno a un mercado competitivo de generación. En el comienzo de los procesos de liberalización, casi todos los mercados competitivos de energía eléctrica se organizaron en torno a un mercado mayorista de corto plazo o “pool”, en el que concurren una parte significativa de los compradores y vendedores del sistema y donde se realizan diariamente subastas para la compra y venta de energía eléctrica.
Sin embargo, algunos mercados abiertos a la competencia como el de los países escandinavos (Nordpool) o Texas (siguiendo las propuestas de la FERC, Federal Energy Regulatory Comission, de Estados Unidos), tomaron filosofías de diseño del mercado muy distintas, intentando evitar que toda la energía se negociara en un único “pool” y fomentando la utilización de transacciones bilaterales para reducir la volatilidad de los precios a corto plazo.
Mercado interior de la electricidad en Europa
Los principios que impulsaron la apertura de los mercados del gas y la electricidad en Europa en la década de los 90 se basaban inicialmente en la extensión, también a los sectores energéticos, de los principios económicos del mercado interior de la Unión Europea, consistente en el establecimiento de un mercado común entre los estados miembros. El beneficio inmediato que se esperaba de este mercado interior de la electricidad era el aumento de la competencia y la reducción de los precios de suministro eléctrico para los consumidores finales.
Además del aumento de competitividad, el mercado interior de la electricidad perseguía simultáneamente otros objetivos: reforzar la seguridad del abastecimiento, tanto por la cooperación entre los estados miembros como por la diversificación de las fuentes de energía, y la promoción de nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica más respetuosas con el medio ambiente.
La Directiva 96/92/CE tenía como objetivo fundamental dar los primeros pasos para la creación de un mercado interior de electricidad en la Unión Europea a partir de la apertura a la competencia de las actividades de generación y comercialización de energía eléctrica. Estableció normas comunes en materia de generación, transmisión y distribución de electricidad. También definió las normas relativas a la organización y el funcionamiento del sector de la electricidad, el acceso al mercado, los criterios y procedimientos aplicables a las licitaciones y la concesión de las autorizaciones, así como de explotación de las redes.
La directiva propuso un modelo general para la liberalización del sector eléctrico de cada país miembro de la Unión Europea, permitiendo diferentes tipos de organización del mercado eléctrico. Cada estado traspuso la directiva a su legislación nacional con mayor o menor fidelidad al espíritu liberalizador de la UE, lo que produjo notables asimetrías entre unos y otros países.
Los mercados mayoristas que se han organizado desde entonces son principalmente de carácter bilateral (más que de tipo “pool”), pero en la mayoría de estados miembros existen también mercados de corto plazo que se celebran con un día de antelación (day ahead).
En España funciona desde 1998 un mercado mayorista diario, gestionado por el Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE), aunque en los últimos años se han desarrollado con fuerza la contratación bilateral y los mercados a plazo, bien gestionados por organismos independientes (OMIP, MEFF) o bien directamente entre las partes (mercados Over The Counter, OTC).
La Directiva 2003/54/CE trató de profundizar en la liberalización del sector eléctrico de los países europeos, estableciendo los criterios mínimos para garantizar la independencia de los gestores de las redes de transmisión y de distribución, y una separación más explícita de las empresas con actividades de monopolio natural (redes de transmisión y distribución) respecto a las actividades en competencia (generación y comercialización).
Las normas sobre separación jurídica y funcional contempladas en la Directiva 2003/54/CE no llevaron sin embargo a una separación efectiva de los gestores de redes de transporte, ni garantizaron tarifas transparentes y no discriminatorias de acceso a las redes a todos los usuarios de la red. Tampoco consiguieron un nivel igualmente efectivo de supervisión reguladora en cada Estado miembro.
Los informes comparativos y de progreso de la CE (benchmarking reports) y los resultados del “Sector Inquiry” de la DG COMP en 2006 pusieron de manifiesto la necesidad de actuar para suprimir los obstáculos a la competencia.
Para responder a los problemas en el desarrollo de la liberalización y la creación de un mercado interior de la electricidad en Europa, la Comisión Europea lanzó en 2007 un tercer paquete de medidas de liberalización, que incluyó las siguientes medidas:
- Modificación de las dos directivas del mercado interior (electricidad y gas) y de dos reglamentos (comercio transfronterizo de electricidad y derecho de acceso de gas).
- Propuesta de aprobación de un reglamento por el que se crea la Agencia de Cooperación de los Reguladores de Energía.
- Opción por la separación de la propiedad de las redes de transporte respecto a los sujetos que realizan actividades de producción o suministro.
Así, en el caso de la electricidad, la vigente Directiva 2009/72/CE sustituyó a la directiva anterior 2003/54, tratando de profundizar en los siguientes aspectos:
- Separación de actividades de las empresas del sector eléctrico (red / no red)
- Transparencia para facilitar la entrada de nuevos agentes en el mercado y aumentar la competencia
- Cooperación de los gestores de las redes de transporte de electricidad para facilitar el intercambio transfronterizo de energía eléctrica, tanto por razones técnicas como económicas
- Reforzamiento de la autoridad de los reguladores nacionales, entre otras para determinar las tarifas de acceso y las condiciones de conexión a las redes eléctricas, y para supervisar con más efectividad la competencia real en producción y comercialización de electricidad
- Creación de la agencia para la cooperación de reguladores de energía (ACER)
- Desarrollo de un mercado minorista más competitivo y de la protección de los consumidores vulnerables
En la práctica, la Unión Europea está lejos de alcanzar el objetivo de un auténtico mercado interior en el que los consumidores puedan elegir a su proveedor de gas y electricidad y beneficiarse de precios competitivos, especialmente por el poder de mercado de las empresas que dominan el sector energético en los diferentes países y por la deficiente transposición de las directivas europeas. Así, las empresas eléctricas tradicionales todavía mantienen cierto oligopolio en las distintas actividades del sector en muchos países, como se visualiza en el Gráfico 2 para el caso de la producción de electricidad.
De esta manera, el insuficiente nivel de competencia real existente muestra el desigual éxito en la transformación de la estructura y el funcionamiento del sector eléctrico nacional de los estados miembros. Queda mucho camino por recorrer para considerar que todos los actores del sector compiten en igualdad de condiciones, tanto en la producción como en la comercialización de energía.